La ONU concluye que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania

Los investigadores designados por la ONU han concluido que las autoridades rusas cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania al atacar deliberadamente a la población civil y la infraestructura energética de la que esta depende para sobrevivir al invierno.

En su último informe, publicado el lunes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania afirmó que los ataques contra centrales eléctricas se habían intensificado “una vez más” en todo el país, donde las temperaturas descendieron hasta -21 °C el último invierno. El panel, integrado por 3 miembros y designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2022, basó sus conclusiones en los testimonios de 255 personas en 9 óblasts, junto con autoridades ucranianas, médicos y ONG.

El hallazgo central del informe es inusualmente contundente. Los comandantes rusos que ordenaron los ataques sabían que las instalaciones de calefacción que atacaron “eran indispensables para la población civil, especialmente durante el invierno”, y funcionarios rusos habían hecho públicas referencias a planes de nuevos ataques. Los investigadores concluyeron que esto equivalía al crimen de guerra de “dirigir intencionadamente ataques contra objetos civiles”.

El panel —Erik Møse, Pablo de Greiff y Vrinda Grover— también examinó los ataques ucranianos contra infraestructura energética en Rusia y en las zonas ocupadas, pero afirmó que Moscú le denegó el acceso y no respondió a las solicitudes de información. Sus conclusiones en ese apartado son, por ello, más limitadas.

Más allá de los ataques a la red eléctrica, la comisión citó “pruebas contundentes” de que las autoridades rusas reclutaron a hombres objeto de trata procedentes de 29 países, mediante “engaño y coacción”, y los desplegaron en misiones peligrosas en primera línea. Muchos han muerto, están desaparecidos o han sido capturados, adquiriendo el estatus de prisioneros de guerra. El informe pide que todas las personas víctimas de trata sean dadas de baja de las fuerzas armadas rusas.

Una advertencia que merece repetirse: los comisionados son expertos independientes, no personal de la ONU, y sus conclusiones no equivalen a una sentencia judicial. Sin embargo, alimentan el creciente expediente reunido para futuros procesos judiciales.

El informe se remite ahora al Consejo de Derechos Humanos, cuyos miembros deberán decidir si renuevan el mandato de la comisión cuando vuelva a plantearse, un punto de decisión que determinará cuánto tiempo continúa esta labor probatoria.